Sin cobertura y a la distancia: obra social deja a afiliados sin atención médica

(Por Abril Venegas, cátedra Periodismo de Investigacion, UADE) -- Mirtha Vallejo tiene 72 años, es diabética, hipertensa, operada de tiroides, y vive sola en Córdoba. Una tarde, mientras esperaba en el lobby de un sanatorio que la llamaran para una consulta, recibió un mensaje que no esperaba: ya no tenía obra social. Le dijeron, en medio de la sala, que la cobertura había sido cortada por falta de pago: "Me sentí descartada". 

Docente jubilada, aportó durante más de 35 años a la Obra Social del Estado Fueguino. Hoy se compra los medicamentos de su propio bolsillo. Su historia no es excepcional. Es la cara visible de una crisis institucional que llevaba años gestándose y que estalló a comienzos de 2025, cuando cientos de jubilados fueguinos residentes en Córdoba quedaron sin cobertura médica de un día para el otro.

Una deuda que nadie pagó

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) brinda cobertura a más de 56.000 personas entre afiliados titulares y grupo familiar. Muchos de ellos residen fuera de Tierra del Fuego: jubilados radicados en el continente, estudiantes, personas en tratamiento prolongado. Para cubrirlos, OSEF había firmado en 2018 un convenio con APROSS, la obra social de Córdoba, bajo un esquema de pago por cápita.

El acuerdo funcionó durante años, pero OSEF fue acumulando una deuda que, al momento de la ruptura, superaba los 555 millones de pesos. APROSS intimó al pago en un plazo de 30 días. OSEF no cumplió. Y el 1° de enero de 2025, la cobertura se cortó para todos los afiliados fueguinos residentes en esa provincia. Lo que siguió agravó el cuadro.

En lugar de aceptar la propuesta de APROSS de saldar la deuda en seis cuotas, OSEF rescindió el vínculo y contrató a una nueva prestadora, SANOS Salud, más cara y con una red de profesionales menor. El resultado fue previsible: los afiliados siguieron sin cobertura efectiva, porque el nuevo convenio también arrastró problemas de pago desde el inicio.

La crisis de cobertura en Córdoba no fue un accidente administrativo, sino la consecuencia visible de un problema más profundo. Elvia Agüero, trabajadora de OSEF, lleva años denunciando públicamente irregularidades en la gestión del organismo: la monopolización de prestadores, el desmantelamiento de la farmacia propia y la tercerización de la compra de medicamentos en intermediarios.

Según la documentación que Agüero presentó ante la Legislatura provincial, esa tercerización derivó en sobreprecios de hasta un 1.200%. Un medicamento oncológico que, comprado directamente al laboratorio, costaba 15 millones de pesos, fue adquirido a través de un convenio tercerizado por 240 millones. La respuesta oficial ante el planteo, según su testimonio, fue que se había tratado de "unas compritas mal".

La intervención del Fiscal de Estado

En febrero de 2026, el Fiscal de Estado de Tierra del Fuego, Virgilio J. Martínez de Sucre, emitió el Dictamen N° 03/26, un documento que cambió la escala del problema. Allí constató que los municipios de Río Grande y Tolhuin adeudaban a OSEF más de 2.500 millones de pesos, con títulos ejecutivos ya emitidos para iniciar el cobro. Sin embargo, OSEF no había promovido ninguna acción judicial para recuperar esos fondos.

El dictamen reveló además un dato significativo: ante un requerimiento de la Fiscalía, OSEF informó que la deuda del Gobierno Provincial era de 162 millones de pesos, cuando documentación interna de la propia Contaduría del organismo mostraba que ascendía a casi 7.000 millones. El Fiscal lo calificó como ocultamiento de información a los organismos de control.

La Fiscalía había enviado siete notas de requerimiento a la presidencia de OSEF entre noviembre de 2025 y enero de 2026, varias bajo apercibimiento de denuncia penal. La institución respondió de manera tardía y parcial. Esa conducta fue señalada por el propio Fiscal como dilatoria y obstructiva.

En julio de 2025, la Legislatura provincial había sancionado por unanimidad la Ley N° 1596, que entre otras medidas creó un Fondo Específico para Enfermedades de Alto Requerimiento. Su destino era exclusivo: financiar medicamentos oncológicos y tratamientos de patologías catastróficas como la hemofilia, la fibrosis quística y la esclerosis múltiple.

La ley lo definió expresamente como un fondo de afectación específica, prohibió su uso para gastos de personal y ordenó la creación de un padrón de beneficiarios. Apenas ocho meses después, mediante dos resoluciones de presidencia, la titular de OSEF ordenó transferir 937 millones de pesos desde ese fondo hacia la cuenta general del organismo, sin especificar el destino concreto de los recursos y sin la intervención previa de la Contaduría General. El mismo día, la Contadora del organismo dejó constancia escrita de que no había participado en la elaboración de la resolución y advirtió que los problemas de farmacia eran estructurales, no coyunturales.

El segundo dictamen del Fiscal, el N° 05/26, emitido en marzo de 2026, encuadró esa conducta en el delito de malversación de caudales públicos y ordenó una segunda denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal.

La urgencia sanitaria que las autoridades invocaron para justificar la transferencia, según el Fiscal, no fue un fenómeno imprevisible, sino el resultado de una omisión deliberada de cumplir las obligaciones que la propia ley imponía.

Un patrón de tres décadas

El elemento más revelador del caso es que no se trata de un episodio aislado. El Fiscal de Estado señaló que ha debido intervenir por irregularidades en la misma institución, que cambió de nombre varias veces a lo largo de los años, en 1994, 1996, 1997, 1999, 2001, 2005, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022 y 2024.

El mecanismo se repite: el Estado descuenta los aportes de los salarios pero no los transfiere, la obra social acumula deuda, los prestadores suspenden servicios, los afiliados quedan sin cobertura y la Fiscalía debe forzar una respuesta. Lo que distingue al episodio actual es la magnitud de las cifras, el desvío de fondos con afectación específica y la existencia de dos denuncias penales activas con encuadres jurídicos precisos.

Por primera vez, el organismo de control no se limita a señalar irregularidades administrativas: pide que la Justicia investigue si hubo delitos. Mientras las cifras millonarias y los expedientes judiciales avanzan, los afiliados siguen esperando.

Algunos iniciaron acciones legales: al menos cinco jubilados fueguinos en Córdoba contactaron abogados y promovieron amparos, y un juez ya se expidió. Otros, como Mirtha, aún no están en condiciones de litigar. Ella sigue guardando los mensajes de WhatsApp que le envía a SANOS, porque el teléfono de la prestadora nunca atiende. Sigue pagando sus remedios. Sigue sintiéndose abandonada en una ciudad donde no tiene familia, por una institución a la que aportó durante más de tres décadas.

Detrás de cada millón de pesos de deuda, de cada resolución cuestionada y de cada denuncia penal, hay una persona como ella. Con una enfermedad crónica, un tratamiento interrumpido y la certeza de que el sistema que debía cuidarla eligió no hacerlo.

La investigación completa, en https://tdf-investiga-8c757d.webnode.page/